Una semana después de la victoria de Joe Biden en las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump sigue sin reconocer su derrota. La última vez que el presidente valoró en público las elecciones fue el jueves 5 de noviembre para alegar, sin evidencia alguna, que los demócratas le habían robado las elecciones. Este viernes, Trump insinuaba por primera vez que podría no repetir mandato, pero de forma muy indirecta. «Esta Administración no aprobará un confinamiento. Sea lo que sea que pase en el futuro, –quién sabe qué Administración habrá, solo el tiempo lo dirá-, pero yo no declararé un confinamiento», señaló durante una rueda de prensa sin preguntas en la Casa Blanca.
Desde entonces, el republicano evita la cuestión ante la prensa y solo se pronuncia a través de Twitter. Pero con cada mensaje sobre supuestas irregularidades, aparece una etiqueta de información engañosa. Y la batalla legal con la que el mandatario pretende dar la vuelta al resultado electoral sigue sin surtir efecto: una a una, los juzgados van desechando las demandas de su equipo.
Entretanto, el presidente mantiene bloqueado el traspaso de poderes, un comportamiento insólito que pone en jaque la seguridad nacional del país, según señala a RTVE.es el profesor de Rutgers University, John J. Farmer. «Lo más inusual de esta Administración es su completo rechazo a cooperar de cualquier forma en la transición. Su Gobierno está obligado por ley porque es un momento de gran vulnerabilidad para nuestra seguridad nacional, particularmente en un contexto de pandemia y de crisis económica. Una transición fluida está en el interés de todos»
Los riesgos del bloqueo de la transición
Entre otros cargos públicos, Farmer formó parte del comité que investigó los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
«Uno de nuestros hallazgos fue que los cargos designados por George Bush tardaron hasta seis meses en ser aprobados. Nuestra recomendación, convertida ahora en ley federal, requiere que se garantice una transición rápida y que el proceso para designar a los nuevos cargos del Departamento de Seguridad Nacional esté completo en enero», cuando el presidente electo jure el cargo. «Hay mucho en juego y nuestros enemigos podrían aprovecharse del bloqueo», añade.
Tradicionalmente, el presidente saliente y el presidente electo inician la transición de poderes inmediatamente después del resultado electoral, un proceso complejo que se prolonga durante dos meses. Biden ya se ha puesto manos a la obra: ha creado un comité para abordar la crisis sanitaria, ha designado a un veterano asesor como jefe de su gabiente y ya perfila su Administración a pesar de la falta de acceso a la Casa Blanca, que cree no alterará sus planes.
Y mientras crece la lista de mandatarios internacionales que han felicitado al demócrata, la Administración Trump mantiene otra retórica. El propio secretario de Estado, Mike Pompeo, vaticina una «transición fluida» para un segundo mandato de Trump, pero cada vez son más las voces en el seno del Partido Republicano que reclaman el acceso de Biden a información clasificada. Según el equipo de Biden, el paso se producirá la próxima semana, pero eso no implica, ni mucho menos, que el mandatario republicano esté dispuesto a detener su disputa electoral.
Sin pruebas del fraude
A lo largo de la semana, ninguna autoridad electoral ha confirmado evidencias del fraude denunciado por el presidente, e incluso la Agencia de Ciberseguridad, dependiente de su Gobierno, se pronunciaba el jueves en esa misma línea.
Pero la campaña del republicano mantiene la disputa en Michigan, Arizona, Georgia o Pensilvania, estados decisivos que han colocado a Biden con 306 votos electorales, frente a los 232 de Donald Trump.
La fundación conservadora The Heritage Foundation recopila en su página web un mapa de las irregularidades electorales. Según su repositorio, en estas elecciones se ha detectado un caso de fraude en Arizona, ocho casos en California, uno en Louisiana, dos en Nuevo México, uno en Virginia y otro en West Virgina. Están relacionados con el uso fraudulento del voto anticipado, la petición fraudulenta del voto o la compra de papeletas, pero todos anteriores al período de votación electoral.
Zach Smith es experto legal de la fundación y, aunque asegura que las irregularidades han ocurrido en otros procesos, no ve probable que los tribunales cambien el resultado electoral. «Es difícil demostrar un caso de fraude ante un tribunal a no ser que afecte a muchas papeletas o ponga en duda el resultado», explica a RTVE.es.
¿Fin de la pugna en diciembre?
De acuerdo con la legislación estadounidense, los estados tienen hasta el 8 de diciembre para notificar los resultados electorales y todo apunta a que el presidente esperará a entonces para reconocer su derrota, según avanzaba el viernes el periodista de Fox News, Geraldo Rivera, que asegura que Trump le confirmó que es «realista» y que «hará lo correcto» cuando termine el recuento.
Zack Smith corrobora esta tesis: «Todavía hay tiempo y creo que todos tenemos en mente el ocho de diciembre», asegura. En cualquier caso, el punto y final de unos comicios agónicos corresponde al Colegio Electoral, que se reúne el 14 de diciembre para nombrar a la próxima Administración.
Hasta entonces, la batalla política continúa en Washington. Ante el silencio de los republicanos, los demócratas pedían esta semana el fin del «circo» del presidente. «Una de las consecuencias de formar parte de un Ejecutivo es que acabas viviendo en una burbuja que no se corresponde con la realidad. Este caso no se sostiene y alguien debería decirle al presidente que ha terminado», considera el profesor Farmer. Y de momento, esta posibilidad es cuanto menos remota.
